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Víctimas de las leyes urbanísticas

JOSÉ Mª ORDINAS MONTOJO -
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN BARONÍA SIERRA CALDERONA

Yo no entiendo de leyes y no puedo analizar con rigor si una ley como la LUV (hasta hace poco la LRAU) es buena o mala. Pero, como cualquier ciudadano, sufro las consecuencias del uso que se hace de algunas leyes. Yo vivo en una casa rústica en el monte; como propietario, recibo una carta certificada por una notaría que me informa de que mi propiedad acaba de ser afectada por un PAI. Mi persona y mi familia comenzamos a sufrir todas las consecuencias de la desinformación y la impotencia generada por la indefensión. Así comienzan los efectos de un proceso que se inicia cuando alguien se dispone a invertir su dinero en algo altamente rentable, haciendo uso de una ley que permite entrar en la planificación de varios millones de metros cuadrados, arrollando todo lo que se encuentre en su interior: campos, inmuebles y personas.

Por todas partes proliferan este tipo de proyectos, en los que no siempre quedan justificados los recursos necesarios para sostener esas instalaciones. Después de acabar las obras, los nuevos dueños serán mayoritariamente extranjeros (tenemos numerosos ejemplos en Mallorca o en Málaga). El cambio social producido por esta nueva situación será tal que las víctimas no serán solo los propietarios antiguos de los terrenos, sino los habitantes de los pueblos, a los que les será impuesto por mayoría democrática otro alcalde, otros comercios, gustos, costumbres etc.

La Administración pública expropia terrenos cuando es de interés común, pero no se dedica a expropiar la tercera parte de la superficie de un término municipal y mucho menos la mitad o las tres cuartas partes. Este es el caso de los tan prolíficos y desgraciadamente famosos PAI (Plan de Actuación Integrado). Actualmente, ojeo el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de cada día y observo casi todos los días publicaciones sobre actuaciones de este tipo en muchos municipios. Una vez aprobado por el ayuntamiento los trámites, se van sucediendo con mayor o menor celeridad; pero cuando lo aprueba el organismo superior (habitualmente lo suele hacer), el carácter de privada que tenía la propiedad desaparece. Después de vivir más de 20 años en esa vivienda, debes marcharte, pues las condiciones impuestas por el promotor no suelen ser asumibles por un bolsillo normal. ¿Podrá alguien compensarme con una vivienda parecida, en un lugar parecido? El dinero no compra los daños morales producidos por el proceso de intentar defenderse de ese tipo de actuaciones, vivido día a día durante varios años.

No hay respuesta a muchas preguntas: ¿Por qué aguantar todo esto? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz? Nosotros estábamos antes. ¿Son mas importantes o necesarios los que nos abordan con un PAI en las manos?

¿Dónde se encuentra el principio básico, constitucional, sobre la propiedad privada?

¿Acaso la LUV es tan poderosa que consigue abolir la propiedad privada?

¿No será que han asumido el tan criticado principio comunista de que la propiedad privada se ha de extinguir a favor del Estado? En nuestro caso, el Estado son los ricos.

Ahora es un agente urbanizador quien decide cuánto vale el suelo, dónde se puede construir, cuánto se puede construir. Y a continuación, el que quiera que se quede y el que no que se vaya (es decir, que venda). Todo esto amparado por la Administración.

¿No es esto una nueva forma de expropiación? Los ricos deciden lo que va a ser de utilidad pública. La Administración, encarnada por los representantes elegidos por mayoría, acata esa decisión y la ampara. Ante decisiones tan importantes ¿no podrían hacer un referendo entre los ciudadanos censados y los propietarios?

¿No es un ataque contra la propiedad privada? Podría decirse que el derecho de unos se contrapone al derecho de otros. Pero ¿cuál prevalece? o ¿cuál es más importante? ¿Acaso el de los más ricos o más poderosos? ¿No hay ningún tribunal constitucional que investigue estas situaciones antes de que sea irreversible el proceso? Si es por un mal uso de la ley, ¿quién le dice basta a los que hacen ese uso de la ley? Y si esa ley no es constitucional (por las nefastas consecuencias) ¿nadie puede iniciar el proceso para su declaración de inconstitucionalidad?

El Parlamento Europeo sí que se ha declarado en contra. ¿De qué sirve eso? Ya sabemos que no es vinculante. Pero ¿no habría que replantearse algunas cosas en lugar de culpabilizar a los demás de que se han chivado al Parlamento Europeo? ¿Qué van a hacer ahora, taparlo con palabras modernas, como «progreso sostenible» y «protegemos el medio mas que nadie»?

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